En el corazón de la Amazonía, donde los ríos fluyen caudalosos, miles de familias viven sin acceso a agua potable. Ucayali, una de las regiones más ricas en recursos hídricos del país, sufre una de las paradojas más indignantes del Perú: tener agua en abundancia, pero ninguna apta para el consumo humano.
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En comunidades nativas, barrios periféricos y asentamientos humanos de la región, el agua potable sigue siendo un privilegio reservado para unos pocos. Según la Encuesta Nacional de Programas Presupuestales (ENAPRES 2024), el 74,9 % de los hogares ucayalinos carece de acceso seguro al agua, ubicándose entre las regiones más desabastecidas del país, junto a Loreto y Pasco.
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Luis Alejandro Ocalio Acero, comunero de Puerto Nuevo, resume una realidad que se repite en decenas de localidades de Ucayali: “Juntamos agua de lluvia o sacamos del río. No está tratada, pero no tenemos otra opción. Hace años prometen traer agua potable, pero los proyectos están abandonados”. Caminar 300 o 400 metros para llenar baldes forma parte de la rutina diaria, sin importar la edad o condición física.
Lo más alarmante: el agua no solo es escasa, también es peligrosa. Muchas familias consumen agua contaminada sin saberlo, lo que ha disparado los casos de enfermedades gastrointestinales, infecciones cutáneas y brotes de dengue. La ausencia de infraestructura básica convierte cada recipiente de almacenamiento en un posible criadero de zancudos.
¿Cómo es posible que una región como Ucayali, con ríos majestuosos como el Ucayali y el Aguaytía, figure entre las más desabastecidas? La respuesta es tan contundente como indignante: negligencia estructural y abandono político.
Pese a la abundancia natural del recurso, no existe un sistema eficiente de captación, tratamiento ni distribución del agua. Las Empresas Prestadoras de Servicios (EPS) locales operan sin planificación técnica ni respaldo presupuestal suficiente, y la ejecución de obras queda entrampada entre expedientes engorrosos, licitaciones fallidas y cambios constantes de autoridades.
Expertos como Roy Cóndor, de Sunass, y Alberto Cairampoma, de la PUCP, coinciden en el diagnóstico: el problema no es la escasez natural, sino la falta de planificación y la fragmentación institucional. La Autoridad Nacional del Agua (ANA) no tiene presencia operativa suficiente en territorios dispersos como los de Ucayali, y los gobiernos regionales y locales carecen de capacidades técnicas para ejecutar proyectos sostenibles.
Mientras en Lima se riegan jardines con agua potable, en Ucayali niños y ancianos caminan kilómetros para llenar un balde con agua que podría estar contaminada.
En 2024, el país acumulaba más de 400 proyectos de agua y saneamiento paralizados, muchos de ellos en regiones como Ucayali. El propio Ministerio de Vivienda reconoció que el inicio de obras puede demorar entre 8 y 10 años debido a la excesiva burocracia, lo que condena a generaciones enteras a vivir sin este derecho humano fundamental.
El impacto es transversal: niños que faltan al colegio, mujeres que deben dedicar horas a la recolección de agua en vez de trabajar, y comunidades enteras atrapadas en un ciclo perpetuo de pobreza y enfermedad.
Ucayali no necesita más diagnósticos ni discursos. Necesita acción urgente, inversión real y voluntad política. Las soluciones existen: plantas de tratamiento modulares, sistemas solares de bombeo, alianzas público-comunitarias y financiamiento internacional. Pero sin decisión del Estado, todo seguirá siendo letra muerta.