Lo que comenzó como una discusión por la aplicación arbitraria de una medida sobre el uso obligatorio de casco para el ingreso a la Universidad Nacional de Ucayali, terminó en un acto que podría ser calificado como tentativa de robo. El comunicador social Pablo Pezo fue víctima del arrebato de su celular por parte de personal de seguridad en la puerta de salida de vehículos de dicha casa de estudios.
El hecho ocurrió aproximadamente a las 5:15 p.m., cuando un agente de seguridad de la empresa E.V.P. Corporación Global Force S.R.L. prohibió que un alumno saliera del campus universitario en motocicleta porque su pasajera, compañera de clases no portaba casco. Según explicó el propio estudiante, la joven había ingresado a pie a la universidad y no contaba con el equipo de seguridad porque no conducía vehículo alguno. Sin embargo, el agente, sin ejercer criterio alguno, bloqueó su salida y obligando retornar a las instalaciones de la universidad tal y como se aprecia en las imágenes.
El comunicador Luiggi Pezo, quien se encontraba en el lugar, pues su hija estudia en la universidad, presenció la escena y exhortó al agente a actuar con sensatez. Al notar que el comunicador grababa el hecho con su celular, uno de los agentes de seguridad adoptó una actitud hostil, arrancándole el dispositivo móvil y entregándoselo a otro agente. Según el testimonio de la víctima, el sujeto incluso lo retó a pelear afuera, mostrando una conducta agresiva e intimidante impropia de un servidor de seguridad y este último suceso habría quedado registrado en las camaras de seguridad.
Pezo calificó la conducta del personal como matonesca y delictiva, al más puro estilo de quienes buscan impedir la difusión de sus abusos mediante la fuerza. Indicó que solicitará las grabaciones de las cámaras de seguridad de la universidad para tomar acciones legales, ya que podría tipificarse como tentativa de hurto agravado.
La polémica decisión de obligar al uso del casco dentro del campus universitario ha sido cuestionada por carecer de sustento legal claro, aplicarse sin consulta a la comunidad universitaria y considerarse una imposición autoritaria que sobrepasa el ámbito de acción permitido a las instituciones educativas. Diversos estudiantes y ciudadanos han criticado la norma por exceder las competencias institucionales de la universidad, señalando que el control del tránsito y uso de implementos de seguridad corresponde exclusivamente a la Policía Nacional del Perú, y no a una entidad educativa.
La medida, además, no habría sido debidamente sustentada ni publicada mediante una normativa clara. No existen evidencias de un proceso participativo, consulta a la comunidad universitaria ni de una directiva formal que respalde la disposición, por lo que podría calificarse como autoritaria y desproporcionada.
Cabe señalar que la empresa de seguridad E.V.P. Corporación Global Force S.R.L. obtuvo la buena pro el pasado 23 de mayo por un monto de S/. 3’782,682.61, para brindar servicios en la UNU. Tras este incidente, han salido a la luz versiones de otros estudiantes que denuncian actitudes similares por parte del personal de dicha empresa.
Finalmente, estas acciones no solo evidencian un uso excesivo de la fuerza por parte del personal de seguridad, sino que constituyen un grave atentado contra la libertad de prensa, al impedir que un comunicador social documente hechos de interés público dentro de una institución del Estado. Arrebatar un celular en plena labor periodística configura una forma de censura directa, vulnerando el derecho constitucional a informar y ser informado, lo cual resulta inaceptable en un Estado democrático y debe ser investigado por las autoridades competentes.
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