De 14 imputados, el Poder Judicial solo admitió el requerimiento de detención preliminar por el plazo de 7 días contra 11 personas (capturados solo 8 de ellos), declarando infundado la detención contra los regidores Wigberto Araujo Ramírez y Francisca Maytahuari Pacaya y la gerente de Asesoría Legal Lili Cortez Valverde, quienes serán investigados en libertad.
Efectivos policiales de la Dirección Contra la Corrupción (Dircocor) en coordinación con agentes de la Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior (Digimin) y el Ministerio Público, ejecutaron la resolución judicial N°01 emitida por el juez Sanchez Vásquez Frank, del Juzgado de Investigación Preparatoria de Campo Verde, logrando la captura del alcalde de Nueva Requena, Humberto Banda Estela, y otras 07 personas entre funcionarios y empresarios, por el delito de colusión agravada, tras haber contravenido las contrataciones del Estado, en el fraccionamiento y sobrevaloración de las adquisiciones de petróleo, equipos informáticos, así como las casetas para tanques elevados.
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Estas otras personas detenidas también imputadas del mismo delito son; Nelson Vargas Theo (gerente municipal); Jorge Antonio Rivera Luján (gerente de Infraestructura y Desarrollo); Jorge José Torres Pérez (subgerente de abastecimiento); Luis Felix Salinas Villareal (exgerente de Desarrollo Social); Ebert Berru Ramírez (gerente de la distribuidora Ades E.I.R.L); Limber Jack Pfennig Fababa (gerente de Luxo Inversiones Manhattan E.I.R.L); Branks Isaia Montes Saldaña y Emerson Ignacio Alonzo Guerra (gerente del grifo rural Jamil).
Se imputa al suspendido alcalde Humberto Banda Estela, del delito de usurpación de funciones y colusión agravada dado que, con el visto bueno de la Oficina Jurídica, este emitió dos Resoluciones de alcaldía, encargando el despacho desde el día 10 de agosto al segundo regidor, Wigberto Araujo Ramírez mediante Resolución N°138-2023-MDNR-ALC, posterior a ello mediante la Resolución N°141-2023-MDNR-ALC desde el 17 de agosto a la tercera regidora, Francisca Maytahuari Pacaya, pese a haber estado legalmente suspendido desde el día 4 de julio cuando mediante Resolución N°23 la Primera Sala Penal de Apelaciones, confirmó la sentencia de 3 años de pena suspendida por el delito de peculado doloso tras haber incrementado el monto de sus dietas y otros regidores durante su primer gobierno.
Banda Estela, también dispuso ampliar al gerente municipal todas las atribuciones administrativas de competencia de alcaldía. Además de ello, participó de las sesiones ordinarias y extraordinarias de consejo de los días 06; 13 y 20 de julio; y las del 01 y 03 de agosto, todas presididas por el suspendido alcalde, sesiones que constan con su firma y sello, actos que administrativos ilícitos que carecen de validez normativa debido a su suspensión tras ser sentenciado.
Asimismo, haber realizado el 08 de agosto y el 21 de agosto la ejecución de pagos por la compra de petróleo a favor del proveedor Alonzo Guerra Emerson Ignacio, por la suma de s/ 15, 693.00 y de s/ 10,000.00 respectivamente. De igual manera la ejecución de pagos por fabricación e instalación se casetas para tanque elevado de agua, el día 07de agosto en favor del proveedor Berri Ramírez Ebert por la suma de s/ 36,467.70 y el día 10 de agosto en favor del proveedor Ramírez Gómez Beto Danelly por el monto de s/13,500.00.
Finalmente haber permitido el fraccionamiento para la compra de computadoras a través de 3 contrataciones el día 23 de marzo, a favor del proveedor Penning Fababa Limber por la suma de s/38,660.50 y el día 25 de mayo por la suma de s/24,737.93; lo mismo en favor del proveedor Montes Saldaña Branks por la suma de 10,866.33. Dichas compras y adquisiciones debieron ser convocadas como un solo proceso a través de proceso de selección contratación directa ya que los montos sobrepasan los 39 mil soles.
Es necesario precisar que, dentro de la resolución admite la de detención solo contra 11 imputados por el plazo de 7 días, tiempo en el que la Fiscalía tendrá que reunir por elementos suficientes para la formalización y requerir el mandato de prisión preventiva, de los 14 que figuran en el requerimiento fiscal, dentro de ello se encuentran el segundo y tercer regidor y la gerente de Asesoría Legal, quienes serán investigados en libertad por el Público.
Si bien la PNP, logró la captura de 8 imputados de pertenecer a esta banda criminal, quedan pendiente la captura de 3 de ellos, siendo los siguientes:
Erlinson Vásquez Pizango (gerente de Planificación y Presupuesto), imputado del delito de colusión agravada, al haber dado visto bueno a las compras, pagos y adquisiciones realizadas por el detenido alcalde Humberto Banda Estela.
Beto Danelly Ramírez Gómez (gerente de Inversiones Multiples Brago), imputado de colusión agravada, proveedor quien se habría coludido con el alcalde y funcionarios para simular compras.
Branks Isaias Montes Saldaña (gerente de BM Inversiones), imputado del delito de colusión agravada, por resultar beneficiado con la contratación fraccionada y sobrevalorada.
Sin embargo, el Poder Judicial declaró infundado el requerimiento de detención preliminar contra las siguientes personas:
Wigberto Araujo Ramírez (segundo regidor municipal), imputado por el Ministerio Público, del delito de colusión agravada, omisión de actos funcionales y usurpación agravada, al haber aceptado de manera irregular la encargatura del despacho de alcaldía mediante Resolución N°138-2023-MDNR-ALC, asumiendo desde el 10 de agosto, sin embargo, Banda Estela participaba de las sesiones de consejo, permitiendo así, una simulación de encargatura.
Francisca Maytahuari Pacaya (tercera regidora), imputada por el Ministerio Público, del delito de colusión agravada, omisión de actos funcionales y usurpación agravada, quien también de manera irregular habría aceptado la encargatura de alcaldía mediante la Resolución N°141-2023-MDNR-ALC, asumiendo desde el 17 de agosto, siendo que el alcalde realizaba atribuciones de alcaldía y participando en sesiones de consejo, permitiendo también una simulación de encargatura.
Lili Cortez Valverde (gerente de asesoría Legal); quien daba el visto bueno para que el suspendido alcalde continúe emitiendo resoluciones para las encargaturas en favor de los dos regidores con atribuciones administrativas que le competen al alcalde; el haber permitido que el Banda Estela, ejecute gastos en adquisiciones y pagos irregulares. De igual manera, al haber influido y confundido a los ambos regidores para no suspender al alcalde tras ser sentenciado, señalando que la primera regidora no podía convocar a una sesión extraordinaria de consejo, siendo que, el consejo municipal si está facultado para suspender de sus funciones al alcalde tras existir sentencia emitida en su contra. Cortez Valverde, es imputada por el Ministerio Público, del delito de omisión de funciones y colusión agravada.