Un nuevo informe de la Contraloría General de la República ha puesto en evidencia graves deficiencias en la gestión del alcalde Francisco Mendoza de Asís, conocido como “Pacho Mendoza”, respecto al ambicioso proyecto de mejoramiento del servicio educativo que busca beneficiar a 14 instituciones públicas de los distritos de Raimondi, Sepahua y Tahuanía, en la provincia de Atalaya.
El proyecto, valorizado en S/ 29 505 240.27 bajo la modalidad de Obras por Impuestos, fue formulado con la asesoría de la empresa Consultores y Asesores Delta E.I.R.L., contratada por S/ 42 500 para elaborar el estudio de preinversión. Sin embargo, según la Contraloría, dicho expediente presenta serias inconsistencias técnicas, legales y financieras que comprometen la viabilidad, sostenibilidad y transparencia del proyecto.
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El órgano de control advierte que el expediente no cuenta con documentos que acrediten el compromiso de la UGEL Atalaya para asumir la operación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento una vez ejecutado el proyecto. Esto pone en riesgo la continuidad del servicio educativo y contradice las normas del Sistema Nacional de Inversiones (Invierte.pe).
Asimismo, el informe señala errores en la fuente de financiamiento, pues el MEF registró el proyecto como “Donaciones y Transferencias” cuando en realidad debía figurar como “Recursos Determinados”, afectando la consistencia del registro oficial.
Otro punto crítico es el cronograma global de 300 días, que no detalla los tiempos de ejecución por componentes (equipamiento TIC, capacitación, etc.), lo que podría generar retrasos, controversias y sobrecostos durante la ejecución contractual.
La Contraloría también alerta que los terrenos donde se ubicarán las obras no cuentan con saneamiento físico ni legal, ya que las constancias de posesión y documentos de donación no son idóneos para garantizar la disponibilidad de los predios educativos.
A ello se suma que los planos técnicos del estudio de preinversión están incompletos y no abarcan todas las especialidades requeridas (eléctrica, mecánica, arquitectura y comunicaciones). Además, no existen cotizaciones ni sustento para los análisis de precios unitarios, lo que pone en duda la validez del presupuesto de S/ 28.5 millones.
Estas deficiencias advierte el informe pueden generar variaciones significativas en el costo final, comprometiendo la correcta utilización de los recursos públicos.
La Contraloría detectó además inconsistencias en los requisitos del personal clave, pues no se especifica la experiencia mínima del residente de obra ni la compatibilidad del supervisor, lo que contraviene la Ley de Obras por Impuestos (N.º 29230) y abre la posibilidad de contratar personal no calificado.
En el aspecto financiero, el informe detalla errores en los cuadros de inversión y cronogramas, los cuales no coinciden con los registros del sistema Invierte.pe. También se hallaron fallas en los topes de capacidad anual y cuadros de descuentos por emisión de certificados CIPRL, e incluso una proyección de flujo de caja por siete años, cuando el proyecto está previsto para diez meses de ejecución.
Fuente: Informe Contraloria: https://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CPRL46600079&TIPOARCHIVO=ADJUNTO