Fiscalía investiga al rector y a presunta red criminal en la UNU: su esposa y la alcaldesa de MPCP habrían sido beneficiadas con nombramientos

Por Zona Pucallpa / Unidad de Investigación

La Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Ucayali ha iniciado una investigación preliminar por un plazo de 60 días contra Edgardo Leoncio Braul Gomero, rector de la Universidad Nacional de Ucayali (UNU); su esposa, Moreno Moreno Sucena Elizabeth; Kathy Flores Cabrera de Ruiz; y Walter Ortiz Meza, por la presunta comisión de delitos contra la administración pública, específicamente negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo y malversación de fondos.

Según la carpeta fiscal a la que tuvo acceso Zona Pucallpa, desde el 7 de febrero de 2022, Edgardo Leoncio Braul Gomero habría liderado una presunta organización criminal al interior de la Universidad Nacional de Ucayali (UNU), dedicada a manipular los códigos de plazas presupuestales AIRHSP con el objetivo de favorecer nombramientos irregulares, en especial los de su esposa y de la alcaldesa de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo (MPCP), Janet Castagne Vásquez.

La investigación señala que Kathy Flores Cabrera de Ruiz, utilizando su conocimiento técnico, habría alterado los códigos AIRHSP destinados a docentes contratados para desviar fondos y pagar sueldos a docentes nombrados ilegalmente, como Moreno Moreno. Además, se le atribuye haber modificado su propio código para seguir cobrando sin respaldo legal.

Asimismo, la alcaldesa Janet Castagne habría respaldado estas maniobras al autorizar, mediante la Resolución de Alcaldía N.º 4213-2023-MPCP (julio de 2023), el destaque de Walter Ortiz Meza desde la Municipalidad a la UNU. Ortiz habría sido un operador clave en la ejecución de los nombramientos y cambios administrativos irregulares en coordinación con el rector.

Pese a que la UNU emitió la Resolución N.º 2591-2023-UNU-CU-R que anulaba dichos nombramientos por carecer de legalidad, los pagos a docentes sin código presupuestal continuaron hasta noviembre de 2024. Entre los beneficiarios se encuentra la propia esposa del rector.

La Fiscalía sostiene que los investigados intentaron legitimar estos nombramientos anulados usando de forma fraudulenta la Ley N.º 32171, la cual busca restituir la vigencia de ciertos nombramientos docentes entre 2018 y 2019. Sin embargo, los beneficiarios no cumplían los requisitos mínimos exigidos, como haber ingresado por concurso público o tener vínculo laboral regular.

Como parte de las diligencias, la Fiscalía ha dispuesto solicitar documentación a la UNU y citar a declarar a la alcaldesa Janet Yvone Castagne Vásquez, así como a los demás implicados, bajo apercibimiento de conducción compulsiva en caso de inasistencia.