La gestión del gobernador regional Manuel Gambini vuelve a quedar bajo severo cuestionamiento tras la designación de una funcionaria con antecedentes judiciales, lo que evidencia que los procesos penales y sentencias en primera instancia no habrían sido un impedimento para integrar su círculo de confianza, pese a la existencia de profesionales calificados en la región Ucayali.
Se trata de Vilma Vilcas Melchor, actual gerente de la Gerencia Regional Forestal y de Fauna Silvestre, quien fue designada por el Gore Ucayali a pesar de haber sido sentenciada en el año 2023 por el delito de uso de documento público falso, en un proceso judicial seguido en la región Huancavelica. De acuerdo con la Sentencia N.° 09, emitida por el Juzgado Penal Unipersonal de Acobamba, Vilcas Melchor fue condenada como autora del delito contra la fe pública, en agravio del Estado – Gobierno Regional de Huancavelica.
El fallo judicial estableció que la funcionaria utilizó documentos públicos falsificados, entre ellos el Oficio N.° 688-2018 y el Informe N.° 873-2018, los cuales fueron presentados como auténticos e incorporados al Estudio de Impacto Ambiental del proyecto de inversión pública “Recuperación Ecoturística de la Laguna Choclococha”, en la provincia de Acobamba. Estos documentos permitieron sustentar el expediente técnico del proyecto, ocasionando retrasos administrativos y perjuicio económico al Estado, además de posibilitar el cobro de S/ 8,000 por el servicio prestado.
Como consecuencia, el Poder Judicial impuso a Vilcas Melchor dos años de pena privativa de libertad suspendida, por un período de prueba de dos años, el pago de una multa de S/ 875, una reparación civil de S/ 8,600 a favor del Estado y el cumplimiento de estrictas reglas de conducta, bajo apercibimiento de revocarse la suspensión de la pena en caso de incumplimiento.
Cabe precisar que, en noviembre del mismo año, la Segunda Sala Penal de Apelaciones habría absuelto a Vilma Vilcas Melchor del delito contra la fe pública, en la modalidad de uso de documento público falso, en agravio del Estado, representado por el Gobierno Regional de Huancavelica, situación que no ha impedido que su designación genere cuestionamientos públicos y políticos en Ucayali.
A este antecedente se suman otros procesos penales en los que figura como imputada. En la región Junín, afrontó investigaciones por lesiones culposas y tráfico de influencias ante la Fiscalía Anticorrupción, ambas archivadas. Asimismo, en la provincia de Puerto Inca, enfrenta una investigación vigente en etapa preparatoria por el presunto delito de omisión ilegal de actos de su cargo.
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