La Contraloría General de la Republica, encontró responsabilidad penal y administrativa contra tres funcionarios de la gestión de Francisco Pezo Torres, por haber otorgado el cambio de uso de suelo de más de 11 mil hectáreas de tierras para fin agrícola a favor de la empresa de Palma. Siendo que 2 mil 393.91 hectáreas estaba prohibido el cambio para fines agrícolas, mientras que 105, 57 hectáreas estaban superpuestas con el Bosque de Protección Permanente del Parque Nacional Cordillera Azul, considerado Patrimonio Cultural de la Nación.
A través del Informe de Auditoria N 30311-2022-CG/AGR-AC, la Contraloría General de la República, encontró irregularidades en la legalidad de las autorizaciones en el cambio de uso de tierras que estaban protegidas e impedidas de ser cambiadas para uso agrícola en favor de Ocho Sur, uno de los monstruos en el rubro de la palma aceitera, la cual fue otorgada por la Gerencia Regional Forestal y Fauna Silvestre de Ucayali.
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Según detalla el informe los funcionarios, recomendaron y otorgaron la autorización de dicho de uso de suelo en vías de regularización de las actividades agrícolas en el Fundo Tibecocha, a favor de la empresa OCHO SUR P S.A.C, mediante el informe legal N128-2019-GRU-GGR-GERFFS-AJ/JRSM del 20 de diciembre del 2019 y la Resolución Gerencial Regional N233-2019-GRU-GGR-GERFFS del 23 de diciembre del 2019, del manera posterior al desbosque realizado para el inicio de actividades agrícolas en el mencionado fundo.
De igual manera, se hizo en el Fundo Zanja Seca, a favor de la empresa Plantaciones de Ucayali S.A.C (ahora Ocho Sur U S.A.C), mediante Resolución Directoral N 397-2016-GRU-ARAU-GRRNGMA-DGFFS del 14 de noviembre del 2016, contraviniendo las la normativas forestales, permitiendo que continúen las actividades agrícolas en los mencionados fundos de manera ilegal afectando un total de 11 mil 088.31 hectáreas donde ya había ocurrido el desbosque sin autorización con el agravante de que estaban incluidos un total de 2 mil 393. 91 hectáreas de suelos donde se encontraba prohibido su cambio de uso y 105.97 hectáreas del Bosque de Producción Permanente-BPP Biabo Cordillera Azul que conforma el Patrimonio Forestal de la Nación.
Sin embargo, pese a que esta situación fue advertida oportunamente por la propia autoridad regional forestal y de haberse declarado dos veces la improcedencia de las solicitudes de la empresa por no contar con asidero legal al no estar contemplada en la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, los funcionarios finalmente autorizaron el cambio de uso de suelo. Además, las solicitudes presentadas por la empresa no cumplían con los requisitos exigidos en la norma, así como los nuevos elementos de prueba no eran conducentes para motivar o emitir el acto resolutivo en favor de Ocho Sur, con el agravante de existir 546.67 hectáreas aptas para producción forestal, en las cuales estaba prohibido el cambio de uso para fines agrícolas.
DENEGATORIAS
La primera denegatoria fue emitida mediante Resolución Directoral N 091-2019-GRU-ARAU-DIGEFFS del 16 de abril del 2019, mientras que la segunda fue a través de la Resolución Directoral N 182-2019-GRU-GGR-GERFFS del 22 de noviembre del 2019, ambas suscritas por el entonces director de Gestión Forestal y de Fauna Silvestre Marcial Pezo Armas, siendo que el primero indica que resulta improcedente e ineficaz proseguir con la evaluación y aprobación de dicho trámite ya que no existe lineamiento normativo que regule otorgamiento posterior al desbosque; mientras que en la segunda fue declarada infundada en todos sus extremos ya que la solicitud no contaba con asidero legal “la administración no puede dar legalidad a un acto evidentemente irregular e ilegal cometido… que por razones de la propia normativa no existe la posibilidad de aplicar la figura de regularización de cambio de uso de tierras de aptitudes agropecuarias”
AUTORIZACION EN FAVOR DE OCHO SUR EN EL FUNDO TIBECOCHA
El gigante del rubro de palma aceitera presento un recurso de reconsideración con fecha 6 de diciembre del 2019 contra la Resolución Directoral N 182-2019-GRU-GGR-GERFFS del 22 de noviembre del 2019 que declarada infundada en todos sus extremos la solicitud de Ocho Sur, sosteniendo que, las actividades agrícolas en el fundo Tibecocha, ocurrieran antes de que la empresa adquiriera la titularidad del predio, por lo tanto, está sujeta a un régimen agrario. Dichas pruebas fueron valoradas y mediante Informe Legal N 128-2019-GRU-GGR-GERFFS-AJ/JRSM de fecha 20 de diciembre del 2019, el señor José Rolando Sánchez Marino, declaro fundado el recurso y recomendó otorgar la correspondiente autorización a favor de Ocho Sur, pese a que eran inconducentes para su otorgamiento.
Finalmente, se emitió la Resolución Gerencial Regional N233-2019-GRU-GGR-GERFFS del 23 de diciembre del 2019, suscrita por el director regional forestal, Marcial Pezo Armas, declarando fundado el recurso a favor de Ocho Sur P S.A.C, otorgándole el cambio para uso agrícola 5 mil 689.95 hectáreas con cobertura boscosa en el fundo Tibecocha.
No obstante, la Contraloría, mediante la auditoría realizada encontró que de las supuestas pruebas nuevas presentadas por la empresa a la autoridad forestal, es decir, ya habían sido evaluadas en las anteriores solicitudes presentadas por la empresa y no podían ser consideradas como pruebas nuevas”, asimismo, Ochos Sur, sostuvo que los colonos primigenios habían realizado el desbosque y cambiado el uso de suelo antes de que la empresa obtuviera la titularidad del predio, resultando todo lo contrario dado que la solicitud hecha por los colonos estaba hecha para aprovechamiento de recursos forestales mas no para desbosque a gran escala para cambio de uso de suelo para actividades agropecuarias.
Según tomas satelitales se observa un gran cambio en 2 mil 163 entre los periodos 20123-2021, lo que representa una pérdida de bosque del 30 por ciento de la superficie total como resultado de las actividades de cultivo intensivo de palma aceitera, realizados en el Fundo Tibecocha, el cual no contaba previamente con la autorización de cambio de uso. Además de la afectación de suelos forestales dentro del mencionado fundo, se observó la superposición de 75 hectáreas en la parte norte, con el Bosque de Producción Permanente Biabo Cordillera Azul, afectando la conservación de los bosques primarios.
FUNDO ZANJA SECA
Mediante Resolución Directoral N397-2016-GRU-ARAU-GRRNGMA-DGFFS del 14 de noviembre del 2016, suscrito por el directo de Gestión Ambiental, Cesar Augusto Diaz Hidalgo, la Autoridad Regional Forestal y Fauna Silvestre de Ucayali, otorgo la autorización de cambio de uso de suelo posterior al inicio de actividades a favor de la empresa Plantaciones de Ucayali S.A.C (ahora Ocho Sur U S.A.C), a pesar que la solicitud no contaba con asidero legal, al no estar contemplada en la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, ni cumplía con los requisitos exigidos; con el agravante de que la Clasificación de Tierras por su capacidad de Uso Mayor (CTCUM), determino la existencia de 1 mil 847. 24 hectáreas clasificadas como “tierras aptas para Producción Forestal” en las cuales se encuentra prohibido su cambio de uso para fines agrícolas.
La Contraloría, encontró que “el funcionario de la DGFFS-ARFFS Ucayali, otorgo la autorización de cambio de uso, pese a que la entonces vigente Ley Forestal y de Fauna Silvestre no brindaba asidero legal para resolver positivamente la pretensión de la empresa, tampoco presento la certificación ambiental solicitada para efectuar la evaluación correspondiente; en consecuencia, la decisión avalo la afectación de 5 mil 398.36 hectáreas de los cuales 1 mil 847.24 son tierras aptas para Producción Forestal”.
RESPONSABILIDADES PENALES
La Contraloría General de la Republica, encontró responsabilidad penal y administrativa en, Marcial Pezo Armas, en su calidad gerente regional de la Gerencia Forestal y de Fauna Silvestre; José Rolando Sánchez Marino, en su calidad de Asesor Legal de la Gerencia Forestal y Fauna silvestres y Cesar Augusto Díaz Hidalgo, en su calidad de director de la Dirección Forestal y de Fauna silvestre, dado que estos conocían que las solicitudes presentadas por las empresas Ocho Sur P S.A.C y Ocho Sur U S.A.C, incumplían con los requisitos establecidos en el ordenamiento jurídico forestal incurrían en prohibiciones legales expresas, siendo que, incluso las actividades realizadas por estas configuraron infracciones administrativas en materia forestal.
Los funcionarios incumplieron sus obligaciones funcionales al inobservar las disposiciones que integran el marco legal forestal y administrativo para favorecer a ambas empresas.
Frente a los mencionados hechos, la Contraloría, puso en conocimiento a la Procuraduría Publica encargada de los asuntos judiciales de la entidad el informe para que inicie las acciones legales contra los funcionarios. Asimismo, dispuso al gobernador regional tome las acciones correspondientes para el deslinde de responsabilidades y la evaluación de validez de las resoluciones emitidas en favor de Ocho Sur.
Finalmente, se conoció que el informe fue notificado el 27 de diciembre del 2022 al exgobernador regional, Ángel Gutiérrez Rodriguez, (al final de su gestion), siendo reiterado a la fecha al actual gobernador regional, Manuel Gambini Rupay.