La pandemia por la covid-19 sin duda fue un negocio redondo para Funcionarios y Provedores, que sin importarles las pérdidas humanas se habrían lucrado con el presupuesto destinado para nuestra región.
A los múltiples casos de presunta corrupción en la gestión Pezo Torres con el dinero destinado para luchar contra el coronavirus, hoy se suma un nuevo hecho que pone en jaque al menos a ocho funcionarios del Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Ucayali, área en encargada de coordinar el traslado de las personas varadas por el Estado de Emergencia, asimismo brindarles Alojamiento y Alimentación.
En un informe emitido por la Contraloría General de la República se ha detectado un perjuicio económico de S/ 177,250.00 nuevos soles en el servicio de alquiler de alojamiento y alimentación que se contrató para la cuarentena de un aproximado de 140 personas. Es decir se evidencia pagos excesivos e indebidos por servicio de alimentación y hospedaje.
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Por el servicio de alojamiento brindado por el hospedaje «El Emperador» el número de habitaciones disponibles eran 35, pero solo se ocuparon 31; sin embargo, se realizó el pago por las 35 habitaciones, se debió pagar S/ 15,190.00 pero se pagó S/ 17,150.00.
Por el servicio de alojamiento brindando por el hospedaje «Makoto I», primer grupo de varados inicio su cuarentena el 7 de junio con 19 habitaciones ocupadas y el segundo grupo el 8 de junio con 14 habitaciones ocupadas de lo que se evidencian que del 8 al 20 de junio se ocuparon las 33 habitaciones;sin embargo, el día 7 y 21 no se ocuparon 14 y 19 habitaciones respectivamente por lo que teniendo en consideración el costo por habitaciones de S/ 25.00, así como los días ocupados de cada habitación, a dicho hospedaje le correspondía pagar S/ 11,550.00; sin embargo, se efectuó el pago por S/ 12,375.00, ocasionante un pago indebido de S/ 825.00 por habitaciones desocupadas.
Por servicio prestado de alojamiento brindado por el hospedaje «Paraíso», la entidad ha efectuado el pago por un número de habitaciones mayor a lo ocupado, siendo que el primer grupo inició su cuarentena el 28 de abril con 5 habitaciones ocupadas de las cuáles 2 personas se retiraron el 5 de mayo (desocupando 2 habitaciones) 1 persona se retiró el 6 (desocupando 1 habitación).
El segundo grupo inició su cuarentena del 3 al 16 de mayo, motivo por el cual se realizó por ampliación de 5 días, evidenciándose que en este grupo se ocuparon 19 habitaciones, siendo que 4 de mayo se retiraron 2 personas (desocupando 1 habitación), el 5 de mayo se retiraron 3 personas (desocupando 2 habitaciones) y el 9 de mayo se retiraron 5 personas (desocupando 3 habitaciones), teniendo el costo por habitación de S/ 30.00, debiéndose pagar la suma de S/ 7,920.00; sin embargo, se pagó S/ 12,930.00, ocasionando un pago indebido de S/ 5,010.00 por habitaciones desocupadas.
Por el servicio de alojamiento brindado por el hospedaje «Komby», el primer grupo inició su cuarentena el 28 de abril con 20 habitaciones ocupadas, el 3 de mayo se retiraron 3 personas (desocupando 1 habitación), 21 personas se retiraron el 4 de mayo (desocupando 11 habitaciones) y 3 personas se retiraron el 8 de mayo (desocupando 2 habitaciones), el primer grupo solo 15 personas habrían cumplido el período de la cuarentena, ocupando 6 habitaciones; sin embargo, el pago se efectuó por 30 habitaciones ocupadas, señala el control de la Contraloría General de la República
Asimismo, el segundo grupo inció su cuarentena el 7 de junio con 23 habitaciones ocupadas, pero el pago se realizó por 30 habitaciones, a dicho hospedaje le correspondía la suma de S/ 15,330.00; sin embargo, el pago se realizó por S/ 25,200.00, ocasionando un pago indebido de S/ 9,870.00.
Por el servicio de alojamiento brindado por el hospedaje «Barbtur», en el primer grupo de debió pagar por 6 habitaciones pero se pagó por 22 habitaciones. El según grupo se debió pagar 4 habitaciones pero se pagó por 22 habitaciones. En el tercer grupo de personas alojadas se debió pagar por 7 habitaciones pero efectuaron el pago por 22 habitaciones. Finalmente el cuarto grupo, solo 11 habitaciones fueron ocupadas pero se pagó por 22 habitaciones. A dicho hospedaje le correspondía la suma de S/ 10,825.00 pero se pagó S/ 26,950.00 ocasionando un pago indebido de S/ 16,125.00.
Por el servicio de alojamiento y alimentación brindado por el hotel «Los Gavilanes» según el informe detallado de contraloría, se debió pagar la suma de S/ 160,160.00; sin embargo, el pago se realizó por S/ 297,840.00, ocasionando un pago indebido de S/ 137,680.00.
El informe de Contraloría General de la República evidencia que además de haberse pagado por habitaciones no ocupadas, también se consideran días de cuarentena que en realidad no fueron cumplidos por los beneficiarios, pese a ello se habría beneficiado a HOSPEDAJES y provedores por el pago total de dichos servicios (alojamiento y alimentación) sin que existiera una debida contraprestación.
Asimismo el órgano de control ya solicitó a la Procuraduría iniciar las acciones legales contra los funcionarios y servidores públicos responsables del Centro de Operaciones de Emergencia Regional; entre ellos, Miguel Cardozo Lara, William Panduro Padilla, Nelly Katty Arce Muñoz, Wilian Panduro Rojas, Ada Elena Calderón Vargas, Luz Nely Minaya Mayora, Karla Amanda Barbarán Arévalo y José Alfonso Sáenz Ramos.