A más de seis meses de emitida una sentencia penal condenatoria, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) continúa sin pronunciarse sobre la suspensión del alcalde del distrito de Tahuanía, Luis Fernando Arechaga García, situación que ha generado indignación ciudadana, desgobierno local y graves cuestionamientos a la actuación del máximo organismo electoral.
La ciudadana Luz Clara Muñoz Maynas, promotora del pedido de suspensión, presentó un nuevo escrito reiterando su solicitud de pronunciamiento inmediato, advirtiendo que la prolongada inacción del JNE permite que una autoridad condenada por corrupción siga ejerciendo funciones y administrando recursos públicos.
La situación se torna escandalosa tras conocerse que el propio alcalde condenado, Fernando Arechaga, presentó un escrito ante el JNE solicitando que se requiera “mayor documentación” a la Municipalidad Distrital de Tahuanía y al Poder Judicial, bajo el argumento de que el expediente estaría “incompleto”. Esta maniobra ha sido interpretada como un burdo intento de dilación, con el aparente objetivo de ganar tiempo y mantenerse en el cargo pese a la condena.
Entre los documentos exigidos figuran actas de concejo, cargos de notificación, informes legales y actuaciones judiciales, muchos de los cuales dependen directamente de su propia gestión municipal y pudieron haber sido remitidos oportunamente. Para la denunciante, esta conducta constituye una estrategia deliberada para obstruir el proceso y burlar la decisión judicial.
En su escrito, Muñoz Maynas es enfática al señalar que ningún trámite administrativo ni requerimiento burocrático puede desconocer, suspender o relativizar una sentencia penal condenatoria emitida por la Sala Penal de Ucayali, la cual confirmó tanto la condena como la inhabilitación del alcalde.
Advierte, además, que tolerar este tipo de dilaciones sienta un precedente sumamente peligroso, pues abre la puerta para que autoridades condenadas utilicen vacíos procedimentales o maniobras administrativas para aferrarse al poder, debilitando el Estado de derecho.
Uno de los aspectos más graves del caso es que, debido al silencio cómplice del JNE, el alcalde condenado continúa firmando documentos oficiales, tomando decisiones administrativas y manejando fondos públicos, pese a haber sido sentenciado por un delito de corrupción. Esta situación resulta inadmisible en cualquier sistema democrático.
La población no solo cuestiona la permanencia del alcalde, sino también la responsabilidad directa del Jurado Nacional de Elecciones, al no resolver dentro de un plazo razonable un asunto que compromete la legalidad y la ética pública.
La reiterada falta de pronunciamiento del JNE ha terminado por erosionar gravemente la confianza ciudadana en las instituciones, alimentando sospechas, malestar social y un clima de creciente tensión política en el distrito.
Mientras tanto, Tahuanía continúa a la espera de que el Jurado Nacional de Elecciones cumpla con su rol constitucional, actúe conforme a ley y ponga fin a esta situación, antes de que la impunidad termine normalizándose como práctica institucional.
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