Fue destituido como fiscal al haber incurrido en falta grave al no haber realizado al Banco de la Nación el depósito de más de 8 mil soles y $5 000 incautados en un caso de lavado de activos que tenía a su cargo, lo que conminó a que sea sentenciado a 8 años de cárcel por peculado doloso y al pago de una reparación civil.
Sigridt Rodríguez ✍????
La Sala Penal Especial de la Corte Superior de Justicia de Ucayali, sentenció a 8 años de cárcel efectiva, a Julio César Reátegui Urresti, en su actuación como fiscal provincial de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada contra la Criminalidad Organizada de Ucayali, por el delito de contra la Administración Pública en la modalidad peculado doloso por apropiación de caudales, el pago de reparación civil de s/ 54 832 soles y la inhabilitación de ejercer cualquier cargo público por el plazo de cinco años.
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Y es que, durante el 10 de abril del año 2018, según la providencia del personal fiscal de la Fiscalía Penal de Padre Abad, se dejó constancia de la intervención policial de Flor Margarita Suárez Simón y otros, quien tenía en su poder la suma de s/ 8,000.00 soles y $5, 400.00 dólares americanos, hechos que constituyen el delito de lavado de activos en la modalidad de transporte o traslado de dinero, por lo que pusieron en conocimiento según su competencia al fiscal provincial, Julio César Reátegui.
Sin embargo, a la fecha en el que, al abogado Reátegui Urresti, se le diera por concluido en su cargo (noviembre del 2019) como fiscal de Crimen Organizado, e hiciera entrega de la carpeta de lavado de activos N°11-2018 en el que eran investigados los detenidos no cumplió con entregar el dinero incautado, tampoco puso en conocimiento de la ubicación del dinero (s/8,000.00 y $5,400.00), por lo que, al solicitarse la información al Banco de la Nación, el fiscal no hizo el depósito del dinero incautado a la cuenta del Programa Nacional de Bienes Incautados (PRONABI) o en custodia del mencionado banco.
El dinero según declaraciones de los asistentes en función fiscal, Joe Panduro del Águila, Mishael Carrión Montalván y Luisa Gabriela Coronado Villacorta, habrían señalado al fiscal que, en la mencionada carpeta había dinero, que se debía hacer el depósito, reiterando que todo dinero incautado por la policía-la cual era puesto en cadena de custodia-siempre era entregado al fiscal, llegando a probarse mediante la documentación pertinente que el dinero nunca fue depositado al Banco de la Nación.
Pero ese no habría sido el único caso, dado que en otros casos a cargo del fiscal, este no habría hecho el depósito de las sumas completas, dado que existen vouchers con sumas inferiores a los montos incautados y que obraban en las carpetas por lavado de activos, habiéndose apropiado de al menos 16 mil soles y 8 mil dólares.
Es necesario precisar que la pena efectiva impuesta fue suspendida en su ejecución mientras se resuelve su recurso correspondiente (apelación), imponiéndole reglas de conducta.