La designación de funcionarios en cargos de confianza en este segundo periodo de gobierno de Manuel Gambini Rupay no inició con buen pie y, como era de esperarse, generó cuestionamientos hacía el líder del cacao.
Pero no solo la elección de Jessica Navas en la gerencia territorial de Padre Abad y posteriormente a la gerencia territorial de Purús debido a las críticas, así como la designación de su pareja sentimental, Wilber Trujillano Alcalá, en la Dirección Regional de Comercio y Turismo, son solo algunos de estos polémicos nombramientos.
Entre estas designaciones blanco de críticas, también está la del nuevo jefe de la Gerencia Regional Forestal y de Fauna Silvestre, Ladislao Panduro Guzmán, quien, con Resolución Ejecutiva 023-2023-GRU-GR, fue nombrado como gerente de esta gerencia el último cinco de enero.
Esto, generó descontento en decenas de trabajadores que han tomado esta designación como la continuación de la gestión del también cuestionado Marcial Pezo Armas. Fuentes en la GERFFS, han sostenido que el nuevo gerente era el brazo derecho de Pezo Armas, y que este habría tenido que ver con su nombramiento.
Eso no queda ahí, pues el futuro para muchos trabajadores es incierto, ya que, en su primer día como gerente, Panduro Guzmán revocó la designación de funciones de cada uno de ellos horas después de haberlas emitido.
Trabajadores de la GERFFS que declararon a este medio y que prefieren mantenerse en el anonimato, aseguraron que esta acción buscaría retirarlos de sus puestos laborales y así asegurar lugares para allegados a Marcial Pezo mediante la elaboración de Términos de Referencia adecuados al personal de su entera confianza.
Pero aún hay más, ya que en la actualidad Ladislao Panduro Guzmán tiene investigaciones penales en materia ambiental por tráfico de productos forestales maderables, por información falsa contenida en informes, responsabilidad de funcionarios públicos por otorgamiento ilegal de derechos, entre otras.
También tiene una investigación en la Fiscalía Contra el Crimen Organizado por el delito contra bosques de forma agravada. La Fiscalía Anticorrupción también lo investiga por el delito de concusión, que se configura cuando “El funcionario o servidor público que, abusando de su cargo, exige o hace pagar o entregar contribuciones o emolumentos no debidos o en cantidad que excede a la tarifa legal”.
Esto, contradice bastante lo dicho por Manuel Gambini durante la campaña electoral, cuando aseguró en más de una vez que no trabajaría con funcionarios con denuncias e investigaciones, y mucho menos esta gerencia.
Sin embargo, el sistema de advertencia contra funcionarios con investigaciones que el gobernador tiene incorporado parece haberle fallado, ¿o es que acaso sí es verdad que existen esos personajes cercanos a él que tienen mucha injerencia en las decisiones que toma?
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