Caso Saweto: Inicia juicio oral que busca justicia para 4 líderes indígenas asesinados

Para este lunes 20 de junio fue señalada la apertura del juicio oral, por el Juzgado Penal Colegiado de la Corte Superior de Justicia de Ucayali, tras ocho años de espera. La Fiscalía de Crimen Organizado solicitó 35 años de cárcel contra cinco imputados- todos libres-por el cruel asesinato de 4 líderes indígenas que buscaban proteger su territorio de la tala indiscriminada, pero fueron emboscados para ser torturados e incluso violados antes de que les arrebataran la vida.

Ocho años después del asesinato de Edwin Chota, Jorge Ríos Pérez, Leoncio Quintisima y Francisco Pinedo, miembros de la comunidad nativa Saweto, este lunes 20 de junio, a las 11 de la mañana, se desarrollará la audiencia de apertura de juicio oral, en la que la Fiscalía Provincial Corporativa contra la Criminalidad Organizada de Ucayali, presentará sus alegatos a través de pruebas por indicios, contra los acusados del cruel asesinato de estos líderes indígenas, quienes tenían la única finalidad de reunirse para acordar medidas contra la tala indiscriminada de bosques en su territorio.

Estos hombres, según la persona que el crimen, así como los otros testigos que han declarado ante el Ministerio Público, habrían sido asesinados el 1 de setiembre del 2014, cumpliendo el rol activo como líderes para la defensa de los derechos colectivos frente a una mafia de traficantes de madera que operaba en la frontera de Perú y Brasil.

Los líderes habían acordado reunirse para coordinar con sus pares indígenas de la comunidad Apiutxa sobre cómo defenderse y frenar estos actos ilícitos en la comunidad de Saweto. Sin embargo, fueron emboscados y asesinados a balazos por los autores y coautores. El 5 de setiembre sus restos óseos fueron encontrados regados a la intemperie.

La emboscada, según la tesis fiscal, se habría realizado a la altura del tambo Media Luna y Caño Cañaña, en donde fueron torturados, e incluso violados. Además, habrían sido estrangulados, baleados y posteriormente descuartizados.
Acusados de asesinato.

El juicio oral será contra los acusados Hugo Soria Flores y José Carlos Estrada Huayta, como autores mediatos. Ambos gozan de libertad. De igual manera contra el brasileño Eurico Mapes Gómez, y los hermanos Segundo y Josimar Atachi Félix, como autores materiales del crimen, y para quienes el Ministerio Público ha pedido 35 años de cárcel.

Uno de los indicios de sospecha contra los autores materiales del crimen, es que, según testigos, habrían estado en la comunidad Alto Tamaya y después se dirigieron al Varadero de Cañaña, lugar donde ocurrió el crimen.

Asimismo, los autores mediatos del crimen, amenazaron de muerte a los líderes indígenas por las denuncias que estos presentaron, afectándolos económica y empresarialmente. “Un sawetino va a morir”, “Pago lo que sea, a quién me lo trae acá, quiero su cabeza…” habrían sido las amenazas que estos dos sujetos habrían señalado.

Lucha que los llevó a la muerte
Los indicios que revisten de sospecha la investigación contras los imputados, es que Edwin Chota presentó entre 2013 y 2014, cuatro denuncias y varias cartas ante la Policía Nacional, el Ministerio Público y el Gobierno Regional de Ucayali, donde detallaba las actividades que realizaban los taladores en Saweto.

En los documentos, informó las amenazas del que eran víctimas los sawetino e incluyó las coordenadas de los sectores donde se extraía la madera de manera ilegal e identificó con nombres completos a quienes realizaban hostigamiento y la devastación.

Su lucha, que inició en el 2008, sirvió para que en el mes de agosto 2014 consiguiera, por fin, que representantes del Organismo Supervisor de Recursos Forestales y Fauna Silvestre (Osinfor) realizaran una evaluación en campo en la que él participó. Siendo el último trabajo que Chota realizaría.

En julio del 2015, tras su muerte, la comunidad nativa Alto Tamaya – Saweto, fue titulada por un área de 78 129 hectáreas, lo que permitió que madereros ilegales y concesionarios forestales dejaran de operar en su territorio por lo menos por tres años, pero la falta de control por parte del Estado, permitió que vuelva a ser amenazado por los taladores, cocaleros y narcotraficantes.