El Poder Judicial, lo encontró culpable como presunto autor del delito de colusión simple en agravio de la UGEL de Coronel Portillo, por la adquisición de material didáctico en el que se benefició a una empresa de los coimputados en el caso. Se impuso el pago de reparación civil por la suma de 30 mil soles y la inhabilitación de ejercer cargo público por el plazo de tres años. Por otro lado, se conoció que el funcionario estaría siendo procesado en otro caso en el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria, en agravio del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, también por el delito de colusión seguida por la Fiscalía Anticorrupción, la cual está a punto de entrar a la etapa de juicio oral.
El Tercer Juzgado Penal Unipersonal Especializado en Delitos de Corrupción de funcionarios, mediante resolución número diecinueve del cinco de abril del 2023, sentenció a Walter Hermenegildo Adrianzen Pacheco, actual administrador de la Dirección Regional de Salud de Ucayali, a tres años de pena privativa de la libertad, suspendida por el término de 3 años y al pago de la suma de 30 mil soles como reparación civil, tras encontrarlo culpable en la calidad de autor del delito contra la administración pública, en la modalidad de colusión simple.
También en calidad de autor la misma pena va para, Óscar Francisco Gonzáles Vásquez y Carlos Fernando Tafur Shahuano, no obstante, en su calidad de cómplices Jorge Antonio Galvez Ruíz; Gilberto Pezo Pérez; José Carlos Cárcamos Bartra y Gisela Rojas Ruíz. Es necesario precisar que, el Poder Judicial, sentenció a Cárcamos Bartra, a 2 años de pena suspendida y a Rojas Ruíz, se le impuso pagar la suma de 20 mil soles como reparación civil. Asimismo, el Juzgado fijó la inhabilitación de por el plazo de tres años contra los sentenciados para ejercer la función pública.
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Walter Hermenegildo Adrianzén Pacheco, El actual administrador de la dirección regional de salud de Ucayali, fue encontrado culpable en su condición de jefe de administración, infraestructura y equipamiento de la UGEL-CP en el que concertó indebidamente con la empresaria Gisela Rojas Ruiz, en la adquisición de los materiales didácticos para el Programa Educativo Anual de Logro de Aprendizaje (PELA – 2015), ya que se hizo con antelación a la aprobación de la certificación de crédito presupuestario, como manda la norma.
El Ministerio Público, señaló que, la compra debió efectuarse mediante adjudicación directa selectiva por el monto adquirido y pagado (de manera fraccionada) por 187 489.10 soles, por lo que, en ambos casos, contravinieron contra las disposiciones propias de la Ley de Contrataciones con el Estado.
Al cierre de esta nota se conoció que el funcionario aun se mantiene en su cargo pese a la sentencia emitida por el Poder Judicial el 5 de abril. Asimismo, estaría siendo procesado en otro caso en el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria, en agravio del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, también por el delito de colusión seguida por la Fiscalía Anticorrupción, la cual está a punto de entrar a la etapa de juicio oral.