Este lunes 11 de agosto, el Poder Judicial de Ucayali definirá en audiencia de apelación la prolongación de prisión preventiva que mantiene privado de libertad desde hace más de tres años al ex prefecto regional Marden Tedy Lomía Arellano, investigado junto a otros siete imputados por presunta organización criminal en la modalidad de usurpación agravada en agravio del Estado y particulares.
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El ex prefecto y los demás acusados cumplen 38 meses recluidos en el penal de Pucallpa, de los 42 meses fijados por el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria, bajo la conducción de la jueza supernumeraria Sally Karen Beltrán Torres, quien el pasado 29 de mayo resolvió ampliar la medida por seis meses más a solicitud de la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada (FECOR-Ucayali).
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Hoy a las 11:00 a. m., la Segunda Sala Penal de Apelaciones, presidida por el magistrado Frederick Berrosby, evaluará el recurso presentado por la defensa de Alomía Arellano, que sostiene que la prolongación carece de motivación reforzada y no justifica de forma objetiva e individualizada por qué no se aplicaron medidas menos gravosas, como comparecencia restringida o arresto domiciliario.
Los abogados también denuncian que la resolución fue emitida fuera del plazo legal establecido en el artículo 274 del Código Procesal Penal, dado que la audiencia se realizó el 15 de mayo y la decisión se notificó recién el 29, excediendo el límite de 72 horas.
Cuestionamientos por trato desigual
El caso ha generado suspicacias al compararse con otros procesos emblemáticos, como “Los Fantasmas de Ucayali”, “Los Pancho Villa” o el de la ex alcaldesa Jerly Díaz Chota y el gerente municipal Carlos Valles Araujo, donde investigados con amplio conocimiento del sistema legal han afrontado el proceso en libertad, incluso contando con testigos protegidos y colaboradores eficaces, elementos que no existen en “Los Topos del Oriente”.
A las 2:30 p. m., en el mismo juzgado, se llevará a cabo la audiencia de control de requerimiento mixto, acusación y sobreseimiento, reprogramada por cuarta vez consecutiva. Según la defensa, el retraso responde a errores de notificación a supuestos agraviados, la mayoría de los cuales nunca denunció a los procesados.
Tras seis años de investigación, tres en etapa preliminar y tres en investigación preparatoria, la fiscalía busca acusar a ocho imputados, incluido el ex prefecto, y sobreseer a otros 16 de los 25 procesados inicialmente.
En una audiencia previa, Lomía Arellano sostuvo que las continuas suspensiones y reprogramaciones constituyen una obstaculización al proceso cometida por el propio sistema judicial, lo que vulnera su derecho a una defensa efectiva y un juicio oportuno.
El fallo de hoy será decisivo no solo para el futuro del ex prefecto, sino también para la credibilidad del Poder Judicial en la región.