Destituyen a ex fiscal contra el crimen organizado por la “desaparición” de dinero de un caso que tenía su cargo

Mediante Resolución N°0467-2023-ANC-MP/C1-J, emitido por la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público, se resuelve imponer la destitución del abogado Julio César Reátegui Urresti, en su actuación como fiscal provincial de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada contra la Criminalidad Organizada de Ucayali, al haber incurrido en una falta muy grave sancionada y prevista en la Ley Orgánica del Ministerio Público y la Ley de la Carrera Fiscal.

Y es que, durante el 10 de abril del año 2018, según la providencia del personal fiscal de la Fiscalía Penal de Padre Abad, se dejó constancia de la intervención policial de Flor Margarita Suárez Simón y otros, quien tenía en su poder la suma de s/ 8,000.00 soles y $5, 400.00 dólares americanos, hechos que constituirían el delito de lavado de activos en la modalidad de transporte o traslado de dinero, por lo que pusieron en conocimiento según su competencia al fiscal provincial, Julio César Reátegui.

Sin embargo, a la fecha en el que, al abogado Reátegui Urresti, se le diera por concluido en su cargo (noviembre del 2019) como fiscal de Crimen Organizado, e hiciera entrega de la carpeta de lavado de activos N°11-2018 en el que eran investigados los detenidos no cumplió con entregar el dinero incautado, tampoco puso en conocimiento de la ubicación del dinero (s/8,000.00 y $5,400.00), por lo que, al solicitarse la información al Banco de la Nación, el fiscal no hizo el depósito del dinero incautado a la cuenta del Programa Nacional de Bienes Incautados (PRONABI) o en custodia del mencionado banco.

El dinero según declaraciones de los asistentes en función fiscal, Joe Panduro del Águila, Mishael Carrión Montalván y Luisa Gabriela Coronado Villacorta, habrían señalado al fiscal que, en la mencionada carpeta había dinero, que se debía hacer el depósito, reiterando que todo dinero incautado por la policía-la cual era puesto en cadena de custodia-siempre era entregado al fiscal, llegando a probarse mediante la documentación pertinente que el dinero nunca fue depositado al Banco de la Nación.