La Fiscalía ha solicitado una condena de 4 años y 8 meses de prisión, así como 1 año y 8 meses de inhabilitación para ejercer cargos públicos y una multa equivalente a 365 días-multa, contra Jessica Navas Sánchez, Lisette Rengifo Rojas y Wilber Trujillano Alcalá, implicados en el presunto delito de malversación de fondos durante la ejecución del proyecto turístico “Acondicionamiento Turístico de Lago Yarinacocha – Ucayali”.
La jueza Irene Hidalgo Armas, del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de Ucayali, admitió el auto de enjuiciamiento tras una audiencia de control de acusación en la que evaluó las pruebas presentadas por el Ministerio Público. El proceso avanzará ahora a la etapa de juicio oral, donde se determinará la responsabilidad penal de los acusados.
Según la tesis fiscal, los imputados habrían desviado irregularmente fondos públicos destinados al proyecto turístico para adquirir bienes no contemplados en el convenio original, afectando directamente a la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo del Gobierno Regional de Ucayali.
Contexto del caso
El proyecto “Acondicionamiento Turístico de Lago Yarinacocha”, con un presupuesto de S/ 4’353,599 (correspondiente al Componente 2), fue ejecutado a través del Plan COPESCO Nacional con el objetivo de posicionar a Ucayali como un destino turístico de primer nivel. El Gobierno Regional de Ucayali se comprometió a desarrollar el Componente 2, enfocado en la Adecuada Gestión Turística, bajo supervisión fiscal.
Este componente contemplaba actividades específicas claramente estipuladas en convenios y adendas, estableciendo los montos y destinos de los recursos. Conforme al Convenio N° 01-2015-MINCETUR/COPESCO-DE, los fondos no podían ser destinados a fines distintos a los aprobados.
Sin embargo, según el Ministerio Público, los recursos habrían sido utilizados para adquirir un bus turístico de dos niveles por S/ 399,000, una camioneta 4×4 por S/ 131,027 y cuatro motocicletas lineales por un total de S/ 30,440. Estas adquisiciones se realizaron durante las gestiones de Jessica Navas Sánchez y Lisette Rengifo Rojas como titulares de la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo, mientras que Wilber Trujillano Alcalá, en calidad de residente del proyecto, habría solicitado formalmente la compra de estos bienes mediante informes emitidos en septiembre de 2015.
Jessica Navas Sánchez, en su calidad de coordinadora del proyecto y exdirectora regional, fue imputada por presuntamente permitir la desviación de los fondos hacia compras no autorizadas. Ocupó el cargo entre el 2 de septiembre de 2015 y el 31 de diciembre de 2015, periodo en el que se habrían producido las irregularidades.
Por su parte, Lisette Rengifo Rojas, quien sucedió a Navas Sánchez en la dirección regional, también fue imputada por autorizar las adquisiciones cuestionadas. Se desempeñó en el cargo entre el 3 de agosto de 2015 y el 5 de julio de 2016.
Finalmente, Wilber Trujillano Alcalá, residente del proyecto, enfrenta cargos por haber solicitado formalmente la adquisición de los vehículos mediante informes técnicos dirigidos a la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo.
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