Inician investigación contra abogado del CEM por ejercer violencia psicológica contra una fiscal

El Poder Judicial, otorgó medidas de protección a favor de la víctima que logró demostrar que sería víctima de violencia física y psicológica ejercida por el funcionario Eloy Contreras Solórzano, funcionario del CEM, quien se supone que debería defender principalmente a las mujeres, niños, niñas y adolescentes de cualquier acto o hecho que pueda ocasionarles algún daño físico o emocional.

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, a través del Programa Nacional para la Prevención y Erradicación de la Violencia Contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar- AURORA, inició investigación contra, Eloy Tanaka Contreras Solórzano, quién mantiene el cargo de defensor público encargado del Centro Emergencia Mujer (CEM) de Purús, esto luego de que la Sala Superior de Emergencia, otorgara medidas de protección a Silza Anita Gonzales Puma, por actos de violencia psicológica ejercida en su contra.

Eloy Tanaka Contreras Solórzano, funcionario del Centro Emergencia Mujer en Purús, habría estado incitando a los imputados durante diligencias de un caso de violencia a cargo de la fiscal para que la graben y tomen fotos, proliferando adjetivos calificativos subidos de tono en su contra. La finalidad sería dar un trato hostil a la representante del Ministerio Público, para que ésta pueda renunciar.

Según la denuncia realizada por la agraviada Silza Anita Gonzáles Puma, de fecha 28 de diciembre de 2022, señala ser víctima de Violencia psicológica, desde el mes de octubre de ese año, por parte de, Contreras Solórzano, en ella argumenta que, desde que asumió el cargo de fiscal adjunta provincial mixta de Purus, viene siendo presionada en todo momento cuando realiza sus labores o al momento de las diligencias como fiscal provincial.

Ante el pronunciamiento emitido por la Corte superior de Justicia de Ucayali, a favor de la agraviada, se espera que se esclarezcan los hechos, de igual manera la separación del funcionario del cargo que ostenta, debido a que como principal defensor de las mujeres en hechos de violencia no es ético que éste sea quien lo ejerza.