Los exgerentes regional y de Infraestructura, asi como el director de Supervisión de Obras, se habrían coludido en la adquisición irregular de motocicletas para Seguridad Ciudadana, para quienes el Ministerio Público solicita 3 años de cárcel.
El Tercer Juzgado Penal Unipersonal Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios, a cargo de la jueza Ana Bedoya Maque, realizó hoy, jueves 12 de septiembre, el juicio oral contra Lutgardo Gutiérrez Valverde, exgerente general del Gobierno Regional de Ucayali; José Alberto Chocano Figueroa, exgerente de Infraestructura; Rafael Pinedo Saromo, exdirector de la Unidad de Supervisión de Obras; y Tony García Salazar, exfuncionario, por el delito de colusión.
En agosto del 2008 se instaló el Comité Especial conformado por los investigados, para llevar a cabo el proceso de Adjudicación Directa Pública N° 015-2008-GRU-P-CE, destinado a la adquisición de motocicletas lineales 200, teléfonos celulares, cámaras de video vigilancia y otros, para Seguridad ciudadana.
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La adjudicación de la buena pro fue otorgada a Inversiones Max E.I.R.L para la compra de 26 motocicletas, con un costo total de S/ 130,000. Según las investigaciones realizadas por el Ministerio Público, la entrega efectiva contenía múltiples irregularidades dado que el contrato se firmó el 17 de septiembre de 2008, siendo que las motocicletas debían ser entregadas en un plazo de diez días tras recibir la orden de servicio. No obstante, esta se extendió repetidamente concretándose finalmente el 16 de diciembre de 2008, pese a esta irregularidad se suscribió una adenda al contrato, permitiendo un adelanto del 30% del monto inicial para facilitar la entrega de los bienes.
Posteriormente el 30 de diciembre de ese mismo año se realizó un contrato complementario para la compra de cinco motocicletas adicionales, la cuál su entrega también se realizó con retraso y sin la aplicación de penalidades por demora. El precio pagado por cada motocicleta fue considerablemente superior al precio real. Se pagó S/ 5,000 por unidad, mientras que el precio real de cada motocicleta era de aproximadamente S/ 2,900, esta sobrevaloración resultó en un perjuicio económico al Estado de S/ 65,100 soles.
En la audiencia de mañana se hará la valoración de las pruebas materiales y testimoniales presentadas por las partes en dónde finalmente se determinará si se admite o no, los tres años de pena privativa de libertad efectiva solicitada por el Ministerio Público.