El Ministerio Público solicita para los imputados una pena privativa de la libertad de 2 años por las irregularidades cometidas en agravio de los trabajadores del Poder Judicial.
El Primer Juzgado Unipersonal de Ucayali, dispuso la apertura de un nuevo juicio oral contra Katherin Melissa Rodríguez Díaz (alcaldesa de Yarinacocha) y José Antonio Delgado Inga, por administración fraudulenta y falsedad genérica, en perjuicio del Sindicato de Trabajadores del Distrito Judicial de Ucayali. Él juicio dará inicio el 10 de marzo del 2025, de ser encontrados culpables, ambos imputados serían sentenciados a 2 años de pena privativa de libertad.
Los hechos atribuidos contra los imputados datan del mes de noviembre del 2011, cuando Rodríguez Díaz y Delgado Inga asumieron los cargos de secretaria general y secretario de economía del sindicato, en dónde hicieron mal uso de los fondos, omitiendo presentar informes económicos solicitados por los miembros de la Junta Directiva.
Según el Ministerio Público, ambos imputados al asumir recibieron de la directiva anterior S/ 11 796.70, según consta en el documento «Flujo de Caja Periodo 2011». Desde noviembre de 2011 hasta septiembre de 2014, los acusados recibieron aportes mensuales de los descuentos en la planilla de los trabajadores afiliados al sindicato. Estos descuentos sumaron S/ 29 684.97 en 2012, S/ 72 793.84 en 2013 y S/ 57 362.05 hasta septiembre de 2014.
El 1 de octubre de 2014, Mirtila Arancibia Mego, Felipa Maylle Ventura y Eva Yola Encio Suarez, en su condición de presidenta, secretaria y tesorera de la Comisión Transitoria del Sindicato de Trabajadores del Distrito Judicial de Ucayali, interpusieron una denuncia penal contra Rodríguez y Delgado.
La decisión de iniciar un nuevo juicio se da tras la revisión de una resolución anterior que había cerrado el caso por prescripción, lo que había llevado al sobreseimiento y a la extinción del proceso penal. Fue la Segunda Sala Penal Superior de Apelaciones revocó la resolución anterior que había declarado fundado el pedido de prescripción. Esta decisión obliga al juzgado de origen a continuar con el proceso según su estado actual.
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