Una nueva sombra de corrupción se cierne sobre el Congreso. Esta vez, la protagonista es la congresista Francis Paredes, de la bancada Podemos Perú, quien es señalada de cobrar decenas de miles de soles a cambio de gestionar un puesto directivo en el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) en Pucallpa.
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La denuncia, sustentada con depósitos bancarios, chats y testimonios, fue revelada por el programa Panorama y ha sacudido nuevamente la credibilidad del Parlamento. Un testigo protegido acudió al Ministerio Público en Ucayali para detallar lo que parece ser un esquema de venta de cargos públicos a cambio de pagos ilícitos.
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Según el testimonio, la congresista Paredes habría utilizado a su amiga de confianza, Maura Porras —alias “La Reinita”—, como intermediaria para recibir el dinero en su cuenta bancaria. El origen del dinero sería Rodolfo Bardales, un empresario que buscaba colocar a un allegado en una jefatura del INPE en Pucallpa.
La modalidad fue simple pero alarmante: se realizaron tres transferencias bancarias de S/ 15,000 cada una, sumando S/ 45,000, que fueron retirados por Porras y entregados en efectivo a un personaje clave en esta historia: Javier Barbarán, apodado «Pelacho», señalado como colaborador directo de la parlamentaria.
El destinatario del supuesto favor sería Edgar Vilcapaza Arias, trabajador del INPE, quien jamás obtuvo el cargo prometido. Fue ahí donde comenzaron los reclamos, las presiones y finalmente las amenazas.
Tras el incumplimiento del acuerdo, “La Reinita” empezó a recibir mensajes intimidatorios, visitas inesperadas y amenazas de muerte por parte de Bardales y Vilcapaza, según la denuncia fiscal. El dinero debía ser devuelto. Pero Maura Porras aseguraba que ella no era la receptora final: “Ese dinero fue directo a la profesora Francis Paredes”, expresó en uno de los mensajes de WhatsApp presentados como prueba.
Con temor por su vida, Porras acudió a la Fiscalía con los estados de cuenta, capturas de chats y un testimonio que expone con crudeza el tráfico de influencias y la impunidad con la que se estarían negociando cargos públicos desde el despacho de una congresista.
Hasta el momento, la congresista Paredes solo ha declarado que hará su descargo “cuando sepa la verdad de los hechos”, una respuesta evasiva que deja más preguntas que certezas. Mientras tanto, su presunto colaborador, “Pelacho”, también ha negado su participación, aunque registros muestran visitas suyas al Congreso y encuentros con la denunciante.
Este nuevo escándalo no hace más que hundir aún más la imagen del Parlamento peruano, ya golpeado por una serie de casos de corrupción, mochasueldo y uso indebido de influencias. El caso Paredes podría convertirse en un nuevo símbolo del uso del poder para beneficios personales, amparado en el blindaje político y la debilidad de los mecanismos de control.