Incremento en reparto de utilidades impactaría directamente en las tarifas eléctricas, afectando a millones de usuarios.
El Congreso de la República está a punto de aprobar un dictamen que podría golpear el bolsillo de millones de peruanos: se trata de un proyecto que duplica las utilidades que reparten las empresas del sector eléctrico a sus trabajadores, lo cual generaría un incremento en las tarifas de luz para todos los usuarios.
Aunque la medida parece beneficiar a los aproximadamente 7,000 trabajadores del sector, expertos advierten que el verdadero costo recaerá sobre los ciudadanos, especialmente aquellos que viven en zonas alejadas donde el servicio eléctrico ya es limitado y deficiente.
Entre 2013 y 2022, las 16 empresas eléctricas estatales distribuyeron más de S/865 millones en utilidades a su personal. Por ejemplo, un analista de mediciones en 2023 llegó a recibir 55 remuneraciones anuales, alcanzando un ingreso total de aproximadamente S/381,772, si su sueldo mensual promedio era de S/6,921.
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El exviceministro de Energía, Arturo Vásquez, advirtió que esta modificación legislativa podría traducirse en un incremento de hasta 4% en los recibos de luz. «Si hoy una familia paga S/100 al mes, tendría que desembolsar S/104«, explicó. Vásquez también alertó que el Estado podría perder cerca de S/1,300 millones en una década, afectando seriamente las inversiones necesarias para mejorar la infraestructura eléctrica en el país.
«La iniciativa parece de justicia social, pero en realidad beneficia a unos pocos y perjudica a millones de peruanos», enfatizó.
Otra consecuencia preocupante es que las empresas estatales de energía tendrán menos recursos para expandir la cobertura de electricidad o mejorar las líneas de transmisión, impactando directamente a las familias más vulnerables y ralentizando el cierre de brechas de acceso al servicio.
El abogado laboralista Jorge Toyama señaló que actualmente las utilidades se distribuyen en partes iguales: 50% según los días trabajados y 50% en función de las remuneraciones y desempeño de los trabajadores. Sin embargo, el dictamen propone modificarlo a un esquema de 75% según días laborados y solo 25% por remuneración y desempeño, lo que, en la práctica, premiaría a los trabajadores con menor rendimiento.
«Este cambio no solo impacta al sector eléctrico, sino que afectaría a todos los sectores públicos y privados, desincentivando la meritocracia», advirtió Toyama.