Un nuevo caso de presunta corrupción alcanza a la Policía Nacional del Perú (PNP). La Dirección de Aviación Policial (Diravpol) se encuentra bajo el foco público luego de que se revelara la denuncia de una serie de irregularidades relacionadas con pagos de viáticos falsos por más de S/ 20 mil soles que, al tener conocimiento, habrían ocultado. Por si fuera poco, no solo no aplicaron el procedimiento estipulado, sino que se reubicó al denunciante, quien pese a tener conocimientos de piloto, fue derivado a una comisaría en Arequipa, según él, a modo de represalia.
Punto Final reveló que Frank Castro, quien entonces era teniente PNP y encargado del área de tesorería de la Diravpol, realizó una revisión aleatoria de los trámites de cobro de viáticos. En este procedimiento halló serias anomalías, entre las que destacan pagos aprobados para comisiones de servicio inexistentes que involucraban la falsificación de su firma, mientras se encontraba de vacaciones. Según registros oficiales, algunos oficiales que figuraban como beneficiarios de dichos pagos continuaban consumiendo su “rancho” (alimentos diarios) en la base, lo que indicaba que nunca abandonaron su lugar de trabajo.
Castro detalló estas irregularidades en un informe interno de la Diravpol, presentado en septiembre de 2024, en el cual señaló los nombres de al menos dos oficiales superiores beneficiados de los pagos: el mayor José España Gil, destacado en Ucayali y actual Comisario de Yarinacocha, y el capitán Ysmael Sudario Ynga, en Áncash.
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“Hay doble tipo de pago para ciertos oficiales superiores, específicamente al mayor José España Gil, y el capitán Ismael Sudario Ynga, quienes percibían montos por viajes inexistentes, comisiones fantasmas a otras partes del país, y, a la vez, ingresos del rancho. Esto se encuentra acreditado en el informe que él da cuenta as la superioridad”, manifestó el abogado de Castro, Yury Toscano, al programa.
Ambos negaron cualquier relación con los hechos. España afirmó desconocer por completo los pagos y aseguró que no había trabajado en Lima desde hacía seis años. Por su parte, Sudario señaló estar sorprendido por la denuncia y aseguró que investigará el caso para esclarecer lo sucedido.
Al respecto, la defensa de Castro mencionó que habría más oficiales involucrados, e incluso podría tratarse de una red estructurada de corrupción dentro de la Diravpol que involucre a oficiales generales. Según Toscano, los pagos observados hasta el momento alcanzan los S/14 mil por oficial, aunque esta cifra podría aumentar a medida que avancen las diligencias fiscales.
A la gravedad de los hechos se suma que, de acuerdo al reglamento, si la Diravpol toma conocimiento de un hecho punible, tiene que comunicar de inmediato a la oficina de Disciplina y, a nivel penal, a la Fiscalía correspondiente, pero no se hizo. “Acá va a tener que asumir una responsabilidad penal y administrativa el general jefe de la dirección de la policía aérea y los entes administrativos que han ocultado, prácticamente, este tipo de denuncia a nivel penal”, mencionó.
Lo que sí se realizó fue la reubicación del denunciante. El capitán Castro no solo ha enfrentado la dificultad de sacar a la luz estas irregularidades, sino que también ha tenido que lidiar con lo que considera una represalia por su decisión de denunciar. Pese a haber trabajado durante nueve años en la Diravpol como piloto y en áreas administrativas, Castro fue trasladado a una comisaría en Arequipa. Allí, desempeña funciones completamente ajenas a su especialización, como el control de calidad en buses urbanos.
Para su abogado, el traslado de su cliente tiene un trasfondo claro: aislarlo de las investigaciones para que no pueda brindar su versión de los hechos ni colaborar con la Fiscalía. Por si ello no fuera poco, según Toscano, también se ha intentado coaccionar a Frank Castro y cuentan con pruebas de ello. “Estas declaraciones ya se encuentran en reserva”, destacó.
Investigaciones en curso
Pese a que la Diravpol no comunicó de oficio, a través de un informante protegido, la Fiscalía Anticorrupción del Callao tomó conocimiento del caso. Apoyada por la Dirección Contra la Corrupción (Dircocor), inició diligencias oficiales el 14 de octubre de 2024.
En enero de 2025, la Fiscalía ejecutó allanamientos con descerraje en oficinas de la Dirección de Aviación Policial. Mientras continúa la investigación y recopilación de documentos, el capitán Castro ha apelado administrativamente su traslado a Arequipa.
El medio solicitó la autorización para entrevistar al jefe de la Diravpol, así como a los presuntos beneficiados. Sin embargo, la PNP denegó el pedido.