El gobernador regional de Ucayali, Manuel Gambini Rupay, y el funcionario Mariano Gilberto Rebaza Alfaro han sido denunciados penalmente ante la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Ucayali, por presuntos delitos de nombramiento indebido y aceptación ilegal de cargo, contemplados en el artículo 381° del Código Penal.
La denuncia fue interpuesta por el consejero regional Leonardo Mallqui Díaz, quien acusa a Gambini de haber designado a Rebaza como director de la Dirección Regional de la Producción (Produce) a pesar de encontrarse inhabilitado por mandato judicial.

Data que, el 5 de enero de 2023, mediante Resolución Ejecutiva Regional N.° 027-2023-GRU-GR, Gambini nombró a Rebaza como director de Produce, cargo de confianza dentro del Gobierno Regional de Ucayali. Sin embargo, la denuncia detalla que Rebaza había sido previamente procesado por corrupción y, en marzo de 2025, fue condenado por peculado de uso a dos años de pena suspendida, 180 días multa y a la inhabilitación para ejercer cargos públicos durante el tiempo de la condena, según fallo emitido por el Tercer Juzgado Penal Unipersonal Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios.
A pesar de esta sentencia, el gobernador Gambini no procedió a cesar al funcionario y, por el contrario, lo mantuvo en el cargo, lo que según la denuncia configuraría una flagrante violación de la ley y un acto de encubrimiento político.
De acuerdo con la acusación, la conducta de Gambini encajaría en la figura de designación ilegal, mientras que la de Rebaza en la de aceptación indebida de cargo público, ambos delitos sancionados con pena privativa de libertad.
El documento presentado exige al Ministerio Público abrir diligencias preliminares e investigar el rol de las autoridades denunciadas, subrayando que mantener a un funcionario inhabilitado al frente de un órgano regional vulnera la buena marcha de la administración pública y deteriora la confianza ciudadana en sus autoridades.
Para el consejero Mallqui, este caso refleja “la permisividad y la impunidad con la que se actúa desde el más alto nivel del gobierno regional, sacrificando la legalidad y la confianza ciudadana en beneficio de intereses particulares”.
El Ministerio Público deberá determinar si corresponde formalizar la investigación preparatoria y eventualmente formular acusación contra el gobernador Gambini y Rebaza Alfaro, en lo que podría convertirse en un nuevo capítulo de corrupción política en Ucayali.









