En la gestión de Janeth Castagne como alcaldesa de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo, ya nada sorprende. Se gastaron casi medio millón de soles en mantenimiento de cámaras de videovigilancia, pero solo 56 cámaras están operativas y ninguna recibe mantenimiento preventivo y otras 44 cámaras se encuentran completamente inoperativas.
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Como se recuerda, este cuestionado servicio fue adjudicado a la empresa Multinversiones Lima S.A.C., cuya actividad principal, según el OSCE, es la fabricación de mobiliario y equipamiento médico, sin experiencia previa en mantenimiento de sistemas de seguridad electrónica. A ello se suma un hecho aún más insólito: el contrato establecía que la conformidad de los trabajos sería otorgada por un área que no existe físicamente en la entidad, evidenciando una grave improvisación e irregularidad en el proceso, tema que desarrollamos en septiembre del 2024: (link nota)
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Tras una reciente visita de control de la Contraloría, realizada en el marco del operativo “Servicios de Seguridad Ciudadana ejecutados por los gobiernos locales”, se evidenció que las 56 cámaras operativas no reciben mantenimiento preventivo. Esta deficiencia genera serios riesgos al afectar el monitoreo permanente del sistema de seguridad ciudadana, impidiendo identificar oportunamente en la prevención del crimen en los espacios públicos.
Además, otras 44 cámaras se encuentran completamente inoperativas, lo que compromete seriamente la capacidad del gobierno local para asegurar la vigilancia continua y prevenir actos delictivos.
La Contraloría también detectó que la MPCP no ha realizado el registro oficial del personal que presta el servicio de serenazgo, incumpliendo principios básicos de transparencia y rendición de cuentas. Esto permite irregularidades administrativas y deja desprotegida a la población.
Para agravar más la situación, los serenos municipales no cuentan con radios de comunicación operativas para realizar eficazmente el patrullaje en el distrito de Callería, lo que impide una respuesta inmediata en situaciones de emergencia.
Pese a los graves cuestionamientos en su contra, Edgar Raymundo Benito Sosa continúa ejerciendo como subgerente de Serenazgo de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo, en una gestión donde la inseguridad crece y la ciudadanía sigue desprotegida. Según un informe de la Contraloría, su designación como funcionario de confianza de la alcaldesa Jeanet Castagne fue irregular, ya que no cumplia con el perfil requerido para el cargo. Además, se ha determinado que incurrió en falsificación de documentos al presentar un certificado que, en realidad, pertenece a otra persona. Aun así, permanece en funciones, sin sanciones ni correctivos por parte de la autoridad edil.
Fuente: informe Contraloria: https://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSI047700030&TIPOARCHIVO=ADJUNTO